Uno: se prohíbe lo que el Gobierno considera como "discriminación" sea cual sea la causa que lleve a ésta.
Dos: se establece que esta falta de igualdad se puede producir tanto de forma directa como indirecta y que, en ambos casos, podrá ser recurrida y tendrá que ser reparada por los poderes públicos.
Tres: establece una serie de sanciones, que podrían llegar hasta los 500.000 euros para aquellos que incumplan las disposiciones.
Cuatro: la normativa no se ciñe a obligar a los organismos públicos a seguir su variado catálogo de recetas de igualdad, sino que se inmiscuye en la vida privada de los españoles y en sus empresas para dictaminarles cuáles deben ser los criterios que guíen sus decisiones.
Por cualquier condición : El artículo 2.1 del Anteproyecto de Ley establece que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, enfermedad, lengua “o cualquier otra condición".
La prohibición de la discriminación ya la establece la Constitución Española, así que el resto de artículos de la nueva normativa se dedican a explicar qué entiende este aciago y moribundo gobierno socialista por discriminación.
Y “ojo” para garantizarse, una vez más, la impunidad de sus fechorías, la decisión sobre la discriminación no estará en manos de jueces y fiscales, crean un “Tribunal Popular” a su medida: Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que estará encargada de "proteger y promover la igualdad de trato tanto en el sector público como en el privado". Así que todos los ciudadanos podemos estar tranquilos de que la separación de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, base de la Democracia, será por enésima vez férreamente protegida y demuestra de nuevo la altura curricular, neuronal y antisectaria de la titular del Ministerio que presenta el Anteproyecto de ley.
“Despedirse matando como acostumbran”
