He leído tu carta, Natalia, y no he podido menos que volver a sentir rabia e impotencia ante la sinrazón, injusticia e iniquidad que se está cometiendo contra ti y contra muchos millones de españoles en España. Desgraciadamente no me sorprende. Más me asombra la inacción de la sociedad civil española y de los jueces ante esos desafueros cometidos contra menores.
Debo decirte, no para que te conformes con el manido "mal de muchos consuelo de tontos", sino para que tomes ejemplo de firmeza de carácter y de valor moral, que tu situación no sólo la sufren millones de niños en España en estos momentos. Empezó ya en la etapa de Transición española, allá por el año 1976.
Tengo un sobrino, no le digas lo que te cuento, que no le gusta recordarlo, hijo de un matrimonio mixto: catalán-Andaluza, que dos meses antes de cumplir los nueve años, en 1982, volvió a la Escuela pública donde recibía clases y se encontró con que ese año las clases eran en catalán. Desde ese momento, como comprenderas, no volvió a enterarse de nada de lo que le explicaban en clase, y no digamos de sus resultados en los exámenes. Pasados unos años en blanco volvió a Andalucía y en el nuevo colegio no entendían cómo podía tener ese lapsus de conocimientos y, a pesar de recibir una atención especial por parte de los profesores y un esfuerzo sobrehumano por parte de sus abuelos para intentar que recuperara todo ese tiempo perdido, no había manera. "A este niño le estorba lo negro" decía el abuelo, refiriendose a su aversión por leer. Al final tuvo que abandonar. Terminó a duras penas la enseñanza obligatoria y se puso a trabajar.
Cumplidos los veinticinco años, sin embargo, y gracias a su fortaleza de carácter e inteligencia natural, masacrada por los intolerantes catalanistas, se dió cuenta de que tenía que abrirse un hueco en la vida a través del esfuerzo y labrarse un porvenir que le había sido negado. Preparó con inmenso esfuerzo el acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años mientras seguía trabajando, accedió a la Universidad y terminó su carrera Universitaria. Ahora es un hombre de provecho que usa sus conocimientos para su trabajo y que incluso ha sido capáz de sortear esta crisis económica y sobre todo la lacra del paro. No se parece en nada al 90% de los inútiles políticos que están ahí porque no eran capaces de hacer otra cosa, ni de ganarse la vida honradamente trabajando, los mismos culpables de que ocurran estas injusticias en esta nuestra pobre España, y más con el agravante de que sean niños, todos con futuro y todos inocentes.
El fondo del asunto, Natalia, creo que tiene mucho que ver con el sentimiento de propia insignificancia que tendrían esos pobres aprendices de políticos si todos los niños de España, sin excepción, estudiaran en la Lengua de su País y tuvieran un buen plan de estudios, porque así estarían lo suficientemente cultivados para darse cuenta de que sus destinos los quieren regir
incultos, vagos y depravados, que serían expulsados de sus puestos y se tendrían que ganar la vida trabajando honradamente, y ellos no saben lo que es eso y además no saben trabajar, y además no están ilustrados, y serían los únicos que engrosarían las listas del Paro y vosotros como si sabríais qué hacer, les daríais un subsidio.
Te deseo lo mejor y que ese futuro ilusionante, pero quizás un poco iluso, os llegue muy pronto a todos los niños y niñas de España por el bien de todos.
Rafael
domingo, 24 de enero de 2010
martes, 12 de enero de 2010
Red-SOStenible.net
Ahí queda mi inquebrantable adhesión a favor de la Libertad y en contra de los "prohibicionistas NaziProgres" y "salga el sol por Antequera" con el "Sitel"
Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 - Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 - Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 - Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 - Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 - De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 - Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 - Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta);
2 - La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnológicas", de la Carta);
3 - El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);
4 - La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo C "Conocimiento común y dominio público", de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
Firmado Red SOStenible
http://Red-SOStenible.net
http://Red-SOStenible.net/colabora/
La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.
Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 - Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 - Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 - Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 - Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 - De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 - Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 - Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta);
2 - La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnológicas", de la Carta);
3 - El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);
4 - La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo C "Conocimiento común y dominio público", de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
Firmado Red SOStenible
http://Red-SOStenible.net
http://Red-SOStenible.net/colabora/
La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.
miércoles, 6 de enero de 2010
Golpe de Estado en la España del Siglo XXI
Del Blog de José Antonio López Calle : “Ensayo de Análisis del Golpe de Estado Estatuario de José Luis Rodriguez Zapatero”
http://www.nodulo.org/ec/2010/n095p10.htm
No es la primera vez que socialistas y nacionalistas secesionistas están unidos en un golpe de Estado; lo estuvieron en el organizado en el pacto de San Sebastián de Agosto de 1930; volvieron a estarlo en el golpe de Estado de Octubre de 1934; pero mientras entonces los secesionistas catalanes antiespañoles actuaban desde el poder y los socialistas desde la oposición, ahora unos y otros actúan, conformando una alianza, desde el poder, los unos desde los principales órganos del Estado, el Gobierno y las Cortes Generales, y los otros, desde la Generalidad, aliados con todas las ventajas que ofrece el disponer del control de los más importantes resortes del poder y de gran parte de los medios de comunicación nacionales, sobre todo televisivos, y regionales en Cataluña, para que triunfe un golpe contra la Constitución y la Nación española, que debilita a España y fortalece las aspiraciones independentistas de las oligarquías catalanas antiespañolas
Nos proponemos, como ciudadanos españoles preocupados por la gravísima crisis nacional en que Rodríguez Zapatero ha sumido a España, cuyo fin tal como la conocemos desde hace cinco siglos puede estar cerca. Ante esta grave tesitura estamos obligados, al menos, a pronunciarnos públicamente, a hacer un análisis de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en torno al proceso de tramitación, discusión, aprobación, puesta en marcha y desarrollo del Estatuto catalán de 2006. Esto es: como un auténtico proceso de golpe de Estado disfrazado de mera reforma estatutaria; un proceso golpista que está ya en su última fase, pero que aún no ha concluido
Primer acto:
Con la proclamación el 5 de Diciembre como Presidente del Parlamento catalán de Ernest Bernach, diputado independentista de ERC, quien en su discurso de investidura insta a la Cámara catalana de una manera golpista «a iniciar un camino sin retorno hacia una nación plena» y que concluye con una encendida proclama secesionista «Visca Catalunya lliure» y la posterior investidura el 15 de Diciembre de Maragall como Presidente de la Generalidad, quien en su discurso se mueve en la misma línea golpista de exaltación nacional de Cataluña, comienza el primer acto de la farsa del golpe de Estado estatutario. En efecto, su discurso de investidura se centró, como no podía ser menos, en la defensa de un nuevo Estatuto para Cataluña y en el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre «Cataluña y España», como si la primera fuese una entidad política del mismo nivel que España.
Casi un año después, el 25 de Septiembre de 2005, Josep Huguet, consejero de Comercio del Gobierno trifaccioso presidido ya por Maragall, volvería a la carga y amenazó con que «si falla el Estatuto habrá una crisis social y ‘guerra civil’, entre comillas, en Cataluña que ERC girará en contra de España como si fuera Els Segadors», la revuelta del siglo XVII contra las tropas españolas. Él y su partido, ERC, saben mucho de «conflictos políticos dramáticos», de «crisis social» y de guerra civil sin comillas: en los años treinta del pasado siglo, los líderes de su partido, Macià y luego Companys, dieron sendos golpes de Estado, el de Companys, saldado con unos cuantos muertos y heridos; y unos meses antes de la insurrección armada del 6 de Octubre encabezada por Companys, la Generalidad, dominada por la Esquerra, había protagonizado una insurrección contra el orden constitucional republicano, al negase a acatar un sentencia del Tribunal Constitucional de aquel entonces, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que había anulado, por inconstitucional, una norma del Parlamento catalán, la Ley catalana de contratos agrarios. Companys se declaró en rebeldía, rechazó la decisión del Alto Tribunal y la Cámara regional volvió a aprobar una ley idéntica a la que había sido revocada anteriormente; por cierto, este último comportamiento insurreccional de desobediencia de la legalidad constitucional es el modelo de acción que están siguiendo en el momento actual los gobernantes catalanes, empezando por el Presidente del Gobierno de la Generalidad, José Montilla, y el de la Cámara regional, Bernach, y los más destacados dirigentes nacionalistas separatistas con su campaña de amenazas y coacciones ante la previsión de que el Tribunal Constitucional dictamine la inconstitucionalidad del nuevo Estatuto catalán y con su exigencia a Rodríguez Zapatero de que cumpla el Estatuto al margen de lo que el Constitucional decida.
Segundo acto:
Con la llegada a las Cortes, en la primera quincena de Octubre de 2005, del proyecto de reforma del Estatuto catalán, en el fondo una Constitución paralela para Cataluña, comienza el segundo acto de la farsa del golpe de Estado estatuario, que concluirá el 19 de Julio con la promulgación de la Ley orgánica de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el BOE. La primera escena importante de este segundo acto tiene lugar el 18 de Octubre de 2005, fecha en que, violando la legalidad constitucional, la Mesa del Congreso acuerda, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, tramitar el proyecto de nuevo Estatuto catalán como reforma estatutaria en contra de la petición del PP de considerarlo como una reforma constitucional, tramitación fraudulenta que el PP recurriría el 2 de Noviembre de ese año ante el Tribunal Constitucional, el cual, el 15 de Marzo de 2006, despreciando la legalidad constitucional tanto como la Mesa del Congreso, rechazó, por siete votos a cinco, el recurso del PP contra la tramitación del Estatuto catalán como reforma estatutaria.
Casi dos semanas antes de la puesta en funcionamiento de la Comisión Constitucional y del inicio de sus sesiones, tiene lugar otro suceso importante en la suerte del Estatuto catalán: la noche del 21 de Enero de 2006 Rodríguez Zapatero organiza una reunión secreta, que tiene toda la apariencia de una conspiración contra la Constitución y la soberanía de la Nación española, con Artur Mas, el presidente de CiU, en el Palacio de la Moncloa, durante la cual mantienen conversación telefónica con Josep Antoni Durán i LLeida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, para negociar, al margen de las Cortes, las cuestiones clave del Estatuto. Al filo de la medianoche, se llega a un pacto, en el que, entre otras cosas, el Presidente del Gobierno se compromete a aceptar, en perfecto acuerdo con su proclamación de la identidad nacional de Cataluña en el referido debate parlamentario del 2 de Noviembre de 2005 sobre la toma en consideración del proyecto estatutario catalán, la inclusión en éste de la consideración de Cataluña como nación, pero sin usar este término en el articulado, sino sólo en el preámbulo como expresión del sentimiento de la mayoría de los catalanes y no como definición de Cataluña.
Terminado el trabajo de la Comisión Constitucional, el 30 de Marzo de 2006, que ha pasado a ser una fecha siniestra e infame en la historia política de España, asistimos a la escena decisiva del segundo acto, que desencadenó su final.
El Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, aprobó el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña por una mayoría del 54%; ese mismo día se tramitó en el Senado, de donde saldría, con un respaldo del 52% de los votos, el texto definitivo del Estatuto catalán el 10 de Mayo, lo que lo convierte en el texto estatutario con menor consenso de la etapa constitucional abierta en 1978.
El aval dado por las Cortes Generales al engendro estatutario catalán las convierte ipso facto en unas Cortes golpistas, insurrectas contra la legalidad constitucional y contra la Nación española, cuya representación traicionan. Todo desde el principio es una cadena de ilegalidades, de inconstitucionalidades que se van sumando, desde que comenzó el proceso estatutario en el Parlamento catalán, hasta su consumación en las Cortes: en la Cámara catalana se tramita como reforma estatutaria lo que en realidad es un nuevo Estatuto que deroga el anterior, como se reconoce en la Disposición derogatoria del Estatuto nuevo, y que, por ello, contraviene la Constitución, que sólo autoriza reformar o modificar un Estatuto, no destruirlo (arts. 147.3 y 152.2), y además, por si eso fuera poco, un Estatuto nuevo derogatorio del anterior que además destruye la Constitución.
Estas ilegalidades, lejos de neutralizarse en las Cortes, contagian a éstas al aceptarlas con la tramitación en el Congreso y luego en el Senado de una reforma estatutaria que, verdaderamente, no lo es, sino la derogación o destrucción del Estatuto de 1979 y a la vez la aniquilación de la Constitución del 78, a la que añaden la ilegalidad aún mucho más grave de aprobar lo que no tienen competencia para ello: las Cortes de 2006 no tenían mandato de los ciudadanos para votar una modificación encubierta de la Constitución, que sólo se puede reformar conforme al procedimiento en ella regulado, y menos aún para derribarla, que es lo que han hecho, para lo que nunca hay ni puede haber mandato ciudadano, ya que la Constitución permite su reforma, pero no su destrucción. Por tanto, al actuar así, dando su beneplácito al anticonstitucional y antinacional Estatuto, que niega la Nación española como titular de la soberanía y fuente de la que emanan todos los poderes del Estado, los diputados y senadores que así han obrado han degradado la Cortes transformándolas impostoramente en un órgano que se arroga facultades que no le corresponden y por ello las han convertido en el escenario de un golpe de Estado, de una rebelión en toda la regla contra la Constitución y la Nación, preñada de potenciales efectos dramáticos para el porvenir de España. La segunda consecuencia inmediata concierne al Gobierno, que, en tanto promotor de todo el proceso estatuario como rebelión anticonstitucional y antinacional, pasa a ser un Gobierno golpista; y la tercera es que el PSOE deja de ser, como ya señalamos al comienzo, un partido político, para convertirse en una formación facciosa, en la medida en que se ha alzado contra la legalidad constitucional.
Quedan avisados!!
http://www.nodulo.org/ec/2010/n095p10.htm
No es la primera vez que socialistas y nacionalistas secesionistas están unidos en un golpe de Estado; lo estuvieron en el organizado en el pacto de San Sebastián de Agosto de 1930; volvieron a estarlo en el golpe de Estado de Octubre de 1934; pero mientras entonces los secesionistas catalanes antiespañoles actuaban desde el poder y los socialistas desde la oposición, ahora unos y otros actúan, conformando una alianza, desde el poder, los unos desde los principales órganos del Estado, el Gobierno y las Cortes Generales, y los otros, desde la Generalidad, aliados con todas las ventajas que ofrece el disponer del control de los más importantes resortes del poder y de gran parte de los medios de comunicación nacionales, sobre todo televisivos, y regionales en Cataluña, para que triunfe un golpe contra la Constitución y la Nación española, que debilita a España y fortalece las aspiraciones independentistas de las oligarquías catalanas antiespañolas
Nos proponemos, como ciudadanos españoles preocupados por la gravísima crisis nacional en que Rodríguez Zapatero ha sumido a España, cuyo fin tal como la conocemos desde hace cinco siglos puede estar cerca. Ante esta grave tesitura estamos obligados, al menos, a pronunciarnos públicamente, a hacer un análisis de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en torno al proceso de tramitación, discusión, aprobación, puesta en marcha y desarrollo del Estatuto catalán de 2006. Esto es: como un auténtico proceso de golpe de Estado disfrazado de mera reforma estatutaria; un proceso golpista que está ya en su última fase, pero que aún no ha concluido
Primer acto:
Con la proclamación el 5 de Diciembre como Presidente del Parlamento catalán de Ernest Bernach, diputado independentista de ERC, quien en su discurso de investidura insta a la Cámara catalana de una manera golpista «a iniciar un camino sin retorno hacia una nación plena» y que concluye con una encendida proclama secesionista «Visca Catalunya lliure» y la posterior investidura el 15 de Diciembre de Maragall como Presidente de la Generalidad, quien en su discurso se mueve en la misma línea golpista de exaltación nacional de Cataluña, comienza el primer acto de la farsa del golpe de Estado estatutario. En efecto, su discurso de investidura se centró, como no podía ser menos, en la defensa de un nuevo Estatuto para Cataluña y en el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre «Cataluña y España», como si la primera fuese una entidad política del mismo nivel que España.
Casi un año después, el 25 de Septiembre de 2005, Josep Huguet, consejero de Comercio del Gobierno trifaccioso presidido ya por Maragall, volvería a la carga y amenazó con que «si falla el Estatuto habrá una crisis social y ‘guerra civil’, entre comillas, en Cataluña que ERC girará en contra de España como si fuera Els Segadors», la revuelta del siglo XVII contra las tropas españolas. Él y su partido, ERC, saben mucho de «conflictos políticos dramáticos», de «crisis social» y de guerra civil sin comillas: en los años treinta del pasado siglo, los líderes de su partido, Macià y luego Companys, dieron sendos golpes de Estado, el de Companys, saldado con unos cuantos muertos y heridos; y unos meses antes de la insurrección armada del 6 de Octubre encabezada por Companys, la Generalidad, dominada por la Esquerra, había protagonizado una insurrección contra el orden constitucional republicano, al negase a acatar un sentencia del Tribunal Constitucional de aquel entonces, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que había anulado, por inconstitucional, una norma del Parlamento catalán, la Ley catalana de contratos agrarios. Companys se declaró en rebeldía, rechazó la decisión del Alto Tribunal y la Cámara regional volvió a aprobar una ley idéntica a la que había sido revocada anteriormente; por cierto, este último comportamiento insurreccional de desobediencia de la legalidad constitucional es el modelo de acción que están siguiendo en el momento actual los gobernantes catalanes, empezando por el Presidente del Gobierno de la Generalidad, José Montilla, y el de la Cámara regional, Bernach, y los más destacados dirigentes nacionalistas separatistas con su campaña de amenazas y coacciones ante la previsión de que el Tribunal Constitucional dictamine la inconstitucionalidad del nuevo Estatuto catalán y con su exigencia a Rodríguez Zapatero de que cumpla el Estatuto al margen de lo que el Constitucional decida.
Segundo acto:
Con la llegada a las Cortes, en la primera quincena de Octubre de 2005, del proyecto de reforma del Estatuto catalán, en el fondo una Constitución paralela para Cataluña, comienza el segundo acto de la farsa del golpe de Estado estatuario, que concluirá el 19 de Julio con la promulgación de la Ley orgánica de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el BOE. La primera escena importante de este segundo acto tiene lugar el 18 de Octubre de 2005, fecha en que, violando la legalidad constitucional, la Mesa del Congreso acuerda, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, tramitar el proyecto de nuevo Estatuto catalán como reforma estatutaria en contra de la petición del PP de considerarlo como una reforma constitucional, tramitación fraudulenta que el PP recurriría el 2 de Noviembre de ese año ante el Tribunal Constitucional, el cual, el 15 de Marzo de 2006, despreciando la legalidad constitucional tanto como la Mesa del Congreso, rechazó, por siete votos a cinco, el recurso del PP contra la tramitación del Estatuto catalán como reforma estatutaria.
Casi dos semanas antes de la puesta en funcionamiento de la Comisión Constitucional y del inicio de sus sesiones, tiene lugar otro suceso importante en la suerte del Estatuto catalán: la noche del 21 de Enero de 2006 Rodríguez Zapatero organiza una reunión secreta, que tiene toda la apariencia de una conspiración contra la Constitución y la soberanía de la Nación española, con Artur Mas, el presidente de CiU, en el Palacio de la Moncloa, durante la cual mantienen conversación telefónica con Josep Antoni Durán i LLeida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, para negociar, al margen de las Cortes, las cuestiones clave del Estatuto. Al filo de la medianoche, se llega a un pacto, en el que, entre otras cosas, el Presidente del Gobierno se compromete a aceptar, en perfecto acuerdo con su proclamación de la identidad nacional de Cataluña en el referido debate parlamentario del 2 de Noviembre de 2005 sobre la toma en consideración del proyecto estatutario catalán, la inclusión en éste de la consideración de Cataluña como nación, pero sin usar este término en el articulado, sino sólo en el preámbulo como expresión del sentimiento de la mayoría de los catalanes y no como definición de Cataluña.
Terminado el trabajo de la Comisión Constitucional, el 30 de Marzo de 2006, que ha pasado a ser una fecha siniestra e infame en la historia política de España, asistimos a la escena decisiva del segundo acto, que desencadenó su final.
El Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, aprobó el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña por una mayoría del 54%; ese mismo día se tramitó en el Senado, de donde saldría, con un respaldo del 52% de los votos, el texto definitivo del Estatuto catalán el 10 de Mayo, lo que lo convierte en el texto estatutario con menor consenso de la etapa constitucional abierta en 1978.
El aval dado por las Cortes Generales al engendro estatutario catalán las convierte ipso facto en unas Cortes golpistas, insurrectas contra la legalidad constitucional y contra la Nación española, cuya representación traicionan. Todo desde el principio es una cadena de ilegalidades, de inconstitucionalidades que se van sumando, desde que comenzó el proceso estatutario en el Parlamento catalán, hasta su consumación en las Cortes: en la Cámara catalana se tramita como reforma estatutaria lo que en realidad es un nuevo Estatuto que deroga el anterior, como se reconoce en la Disposición derogatoria del Estatuto nuevo, y que, por ello, contraviene la Constitución, que sólo autoriza reformar o modificar un Estatuto, no destruirlo (arts. 147.3 y 152.2), y además, por si eso fuera poco, un Estatuto nuevo derogatorio del anterior que además destruye la Constitución.
Estas ilegalidades, lejos de neutralizarse en las Cortes, contagian a éstas al aceptarlas con la tramitación en el Congreso y luego en el Senado de una reforma estatutaria que, verdaderamente, no lo es, sino la derogación o destrucción del Estatuto de 1979 y a la vez la aniquilación de la Constitución del 78, a la que añaden la ilegalidad aún mucho más grave de aprobar lo que no tienen competencia para ello: las Cortes de 2006 no tenían mandato de los ciudadanos para votar una modificación encubierta de la Constitución, que sólo se puede reformar conforme al procedimiento en ella regulado, y menos aún para derribarla, que es lo que han hecho, para lo que nunca hay ni puede haber mandato ciudadano, ya que la Constitución permite su reforma, pero no su destrucción. Por tanto, al actuar así, dando su beneplácito al anticonstitucional y antinacional Estatuto, que niega la Nación española como titular de la soberanía y fuente de la que emanan todos los poderes del Estado, los diputados y senadores que así han obrado han degradado la Cortes transformándolas impostoramente en un órgano que se arroga facultades que no le corresponden y por ello las han convertido en el escenario de un golpe de Estado, de una rebelión en toda la regla contra la Constitución y la Nación, preñada de potenciales efectos dramáticos para el porvenir de España. La segunda consecuencia inmediata concierne al Gobierno, que, en tanto promotor de todo el proceso estatuario como rebelión anticonstitucional y antinacional, pasa a ser un Gobierno golpista; y la tercera es que el PSOE deja de ser, como ya señalamos al comienzo, un partido político, para convertirse en una formación facciosa, en la medida en que se ha alzado contra la legalidad constitucional.
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