Del Blog de José Antonio López Calle : “Ensayo de Análisis del Golpe de Estado Estatuario de José Luis Rodriguez Zapatero”
http://www.nodulo.org/ec/2010/n095p10.htm
No es la primera vez que socialistas y nacionalistas secesionistas están unidos en un golpe de Estado; lo estuvieron en el organizado en el pacto de San Sebastián de Agosto de 1930; volvieron a estarlo en el golpe de Estado de Octubre de 1934; pero mientras entonces los secesionistas catalanes antiespañoles actuaban desde el poder y los socialistas desde la oposición, ahora unos y otros actúan, conformando una alianza, desde el poder, los unos desde los principales órganos del Estado, el Gobierno y las Cortes Generales, y los otros, desde la Generalidad, aliados con todas las ventajas que ofrece el disponer del control de los más importantes resortes del poder y de gran parte de los medios de comunicación nacionales, sobre todo televisivos, y regionales en Cataluña, para que triunfe un golpe contra la Constitución y la Nación española, que debilita a España y fortalece las aspiraciones independentistas de las oligarquías catalanas antiespañolas
Nos proponemos, como ciudadanos españoles preocupados por la gravísima crisis nacional en que Rodríguez Zapatero ha sumido a España, cuyo fin tal como la conocemos desde hace cinco siglos puede estar cerca. Ante esta grave tesitura estamos obligados, al menos, a pronunciarnos públicamente, a hacer un análisis de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en torno al proceso de tramitación, discusión, aprobación, puesta en marcha y desarrollo del Estatuto catalán de 2006. Esto es: como un auténtico proceso de golpe de Estado disfrazado de mera reforma estatutaria; un proceso golpista que está ya en su última fase, pero que aún no ha concluido
Primer acto:
Con la proclamación el 5 de Diciembre como Presidente del Parlamento catalán de Ernest Bernach, diputado independentista de ERC, quien en su discurso de investidura insta a la Cámara catalana de una manera golpista «a iniciar un camino sin retorno hacia una nación plena» y que concluye con una encendida proclama secesionista «Visca Catalunya lliure» y la posterior investidura el 15 de Diciembre de Maragall como Presidente de la Generalidad, quien en su discurso se mueve en la misma línea golpista de exaltación nacional de Cataluña, comienza el primer acto de la farsa del golpe de Estado estatutario. En efecto, su discurso de investidura se centró, como no podía ser menos, en la defensa de un nuevo Estatuto para Cataluña y en el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre «Cataluña y España», como si la primera fuese una entidad política del mismo nivel que España.
Casi un año después, el 25 de Septiembre de 2005, Josep Huguet, consejero de Comercio del Gobierno trifaccioso presidido ya por Maragall, volvería a la carga y amenazó con que «si falla el Estatuto habrá una crisis social y ‘guerra civil’, entre comillas, en Cataluña que ERC girará en contra de España como si fuera Els Segadors», la revuelta del siglo XVII contra las tropas españolas. Él y su partido, ERC, saben mucho de «conflictos políticos dramáticos», de «crisis social» y de guerra civil sin comillas: en los años treinta del pasado siglo, los líderes de su partido, Macià y luego Companys, dieron sendos golpes de Estado, el de Companys, saldado con unos cuantos muertos y heridos; y unos meses antes de la insurrección armada del 6 de Octubre encabezada por Companys, la Generalidad, dominada por la Esquerra, había protagonizado una insurrección contra el orden constitucional republicano, al negase a acatar un sentencia del Tribunal Constitucional de aquel entonces, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que había anulado, por inconstitucional, una norma del Parlamento catalán, la Ley catalana de contratos agrarios. Companys se declaró en rebeldía, rechazó la decisión del Alto Tribunal y la Cámara regional volvió a aprobar una ley idéntica a la que había sido revocada anteriormente; por cierto, este último comportamiento insurreccional de desobediencia de la legalidad constitucional es el modelo de acción que están siguiendo en el momento actual los gobernantes catalanes, empezando por el Presidente del Gobierno de la Generalidad, José Montilla, y el de la Cámara regional, Bernach, y los más destacados dirigentes nacionalistas separatistas con su campaña de amenazas y coacciones ante la previsión de que el Tribunal Constitucional dictamine la inconstitucionalidad del nuevo Estatuto catalán y con su exigencia a Rodríguez Zapatero de que cumpla el Estatuto al margen de lo que el Constitucional decida.
Segundo acto:
Con la llegada a las Cortes, en la primera quincena de Octubre de 2005, del proyecto de reforma del Estatuto catalán, en el fondo una Constitución paralela para Cataluña, comienza el segundo acto de la farsa del golpe de Estado estatuario, que concluirá el 19 de Julio con la promulgación de la Ley orgánica de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el BOE. La primera escena importante de este segundo acto tiene lugar el 18 de Octubre de 2005, fecha en que, violando la legalidad constitucional, la Mesa del Congreso acuerda, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, tramitar el proyecto de nuevo Estatuto catalán como reforma estatutaria en contra de la petición del PP de considerarlo como una reforma constitucional, tramitación fraudulenta que el PP recurriría el 2 de Noviembre de ese año ante el Tribunal Constitucional, el cual, el 15 de Marzo de 2006, despreciando la legalidad constitucional tanto como la Mesa del Congreso, rechazó, por siete votos a cinco, el recurso del PP contra la tramitación del Estatuto catalán como reforma estatutaria.
Casi dos semanas antes de la puesta en funcionamiento de la Comisión Constitucional y del inicio de sus sesiones, tiene lugar otro suceso importante en la suerte del Estatuto catalán: la noche del 21 de Enero de 2006 Rodríguez Zapatero organiza una reunión secreta, que tiene toda la apariencia de una conspiración contra la Constitución y la soberanía de la Nación española, con Artur Mas, el presidente de CiU, en el Palacio de la Moncloa, durante la cual mantienen conversación telefónica con Josep Antoni Durán i LLeida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, para negociar, al margen de las Cortes, las cuestiones clave del Estatuto. Al filo de la medianoche, se llega a un pacto, en el que, entre otras cosas, el Presidente del Gobierno se compromete a aceptar, en perfecto acuerdo con su proclamación de la identidad nacional de Cataluña en el referido debate parlamentario del 2 de Noviembre de 2005 sobre la toma en consideración del proyecto estatutario catalán, la inclusión en éste de la consideración de Cataluña como nación, pero sin usar este término en el articulado, sino sólo en el preámbulo como expresión del sentimiento de la mayoría de los catalanes y no como definición de Cataluña.
Terminado el trabajo de la Comisión Constitucional, el 30 de Marzo de 2006, que ha pasado a ser una fecha siniestra e infame en la historia política de España, asistimos a la escena decisiva del segundo acto, que desencadenó su final.
El Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, aprobó el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña por una mayoría del 54%; ese mismo día se tramitó en el Senado, de donde saldría, con un respaldo del 52% de los votos, el texto definitivo del Estatuto catalán el 10 de Mayo, lo que lo convierte en el texto estatutario con menor consenso de la etapa constitucional abierta en 1978.
El aval dado por las Cortes Generales al engendro estatutario catalán las convierte ipso facto en unas Cortes golpistas, insurrectas contra la legalidad constitucional y contra la Nación española, cuya representación traicionan. Todo desde el principio es una cadena de ilegalidades, de inconstitucionalidades que se van sumando, desde que comenzó el proceso estatutario en el Parlamento catalán, hasta su consumación en las Cortes: en la Cámara catalana se tramita como reforma estatutaria lo que en realidad es un nuevo Estatuto que deroga el anterior, como se reconoce en la Disposición derogatoria del Estatuto nuevo, y que, por ello, contraviene la Constitución, que sólo autoriza reformar o modificar un Estatuto, no destruirlo (arts. 147.3 y 152.2), y además, por si eso fuera poco, un Estatuto nuevo derogatorio del anterior que además destruye la Constitución.
Estas ilegalidades, lejos de neutralizarse en las Cortes, contagian a éstas al aceptarlas con la tramitación en el Congreso y luego en el Senado de una reforma estatutaria que, verdaderamente, no lo es, sino la derogación o destrucción del Estatuto de 1979 y a la vez la aniquilación de la Constitución del 78, a la que añaden la ilegalidad aún mucho más grave de aprobar lo que no tienen competencia para ello: las Cortes de 2006 no tenían mandato de los ciudadanos para votar una modificación encubierta de la Constitución, que sólo se puede reformar conforme al procedimiento en ella regulado, y menos aún para derribarla, que es lo que han hecho, para lo que nunca hay ni puede haber mandato ciudadano, ya que la Constitución permite su reforma, pero no su destrucción. Por tanto, al actuar así, dando su beneplácito al anticonstitucional y antinacional Estatuto, que niega la Nación española como titular de la soberanía y fuente de la que emanan todos los poderes del Estado, los diputados y senadores que así han obrado han degradado la Cortes transformándolas impostoramente en un órgano que se arroga facultades que no le corresponden y por ello las han convertido en el escenario de un golpe de Estado, de una rebelión en toda la regla contra la Constitución y la Nación, preñada de potenciales efectos dramáticos para el porvenir de España. La segunda consecuencia inmediata concierne al Gobierno, que, en tanto promotor de todo el proceso estatuario como rebelión anticonstitucional y antinacional, pasa a ser un Gobierno golpista; y la tercera es que el PSOE deja de ser, como ya señalamos al comienzo, un partido político, para convertirse en una formación facciosa, en la medida en que se ha alzado contra la legalidad constitucional.
Quedan avisados!!
